Planteamiento de reforma a la subcontratación de personal.

Planteamiento de reforma a la subcontratación de personal.

Hoy en día la subcontratación o terciarización de servicios, permite a las compañías crezcan sostenidamente, derivado del enfoque en la actividad predominante por las que hayan sido adaptadas. Esto se debe a la exigencia de los mercados es cada vez más elevada y demanda innovación constante. El mantener el ritmo de la competencia en diferentes giros lleva a tomar estrategias optimas para la producción y permanencia de la empresa.


¿Qué pasa en México y por qué se debe regular?


Recuerdo haber escuchado por primera vez el término “outsourcing” aplicado a la subcontratación de personal – es importante aclararlo, porque en México se acota solo a eso – en el año 2004. Posteriormente, en el año 2010, se estimaba que el outsourcing restaba entre 5 y 6.5% del PIB nacional, derivado de esquemas de subcontratación como las sociedades cooperativas y los sindicatos.


Una empresa pyme de outsourcing de personal – disculpen la insistencia, pero hay que acotarlo –suele hacer la evasión fiscal derivado de la subestimación de precios de mercado, ya que regularmente su margen de utilidad por los servicios prestados va del 3 al 6%. Para lograr operar bajo esta demanda, la llamada “compra de facturas” es el aliado que permite a estas empresas sobrevivir y operar con el flujo de efectivo necesario para cubrir su activo principal, la mano de obra (aproximadamente el 60%). Esto no significa que lo haga de una forma ilegal, ya que cuentan con estrategias para que sus colaboradores cuenten con las prestaciones de ley, sean auditados y cumplan con las normas.


Sin embargo, el pasado martes, el senado aprobó reformas que supervisarán la generación, compra, expedición y adquisición de facturas falsas como delincuencia organizada, ya que existe poco control y regulación por la información que presenta la empresa vs lo que realmente es.


Además, de las numerosas reformas fiscales, en materia de subcontratación de personal propuestas por el senado para el 2020, considerará la retención del 100% del IVA de cada factura expedida por la prestadora de los servicios, lo que ocasionará una falta de flujo para operar, incapacidad para otorgar financiamiento a los clientes y muy probablemente el incremento de precios para los consumidores de los servicios.


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